Chetumal.- Integrantes de la sociedad civil organizada criticaron duramente al Congreso del Estado por aprobar en automático las iniciativas que le envía el Ejecutivo, sin siquiera coadyuvar en mejorar la redacción o detectar posibles errores, ni tratar de socializar estos proyectos de ley, lo que quedó en evidencia al avalar unos cambios al Código Penal que penalizan las manifestaciones y que tendrá que ser corregida con una nueva iniciativa.
Ayer, la gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama Espinosa, anunció que ya había ordenado a su consejero jurídico que prepare una nueva reforma de ley, para reemplazar la recién aprobada, por el riesgo que pueda usarse para sancionar manifestaciones.
Yulitzín Rodríguez Peraza, integrante del colectivo “Marea Verde”, que forma parte de la Red Feminista Quintanarroense, aseveró que su grupo estaba “indignada” por esta reforma, contra la que están listas para ampararse.
“Se supone que vivimos en un estado democrático, con tres Poderes que actúan como contrapesos y que evitan actos tiránicos”, declaró la activista. “Es lamentable ver el papel que desempeña el Congreso del Estado, servil al ejecutivo., que solo acata lo que se le ordena, sin consultar a la ciudadanía o a los grupos que puede afectar una reforma legal”.
De haber sostenido foros o consultas con grupos ciudadanos, de inmediato se les habría señalado que esta reforma de forma velada sancionaba a quienquiera que obstaculice una vialidad.
“Antes de aprobar cosas, debieran tener técnica legislativa y visualizar el impacto hacia la ciudadanía, para ir más allá de solo obediencia al Ejecutivo”, criticó.
Al peligroso proceder del Congreso, de avalar todo sin modificar nada, el decreto regresa al Ejecutivo para su publicación. Aquí hay otro control, pues este poder puede vetar alguna ley. En este caso, no obstante, publicaron la reforma, al igual que todas las anteriores, el mismo día, sin dar tiempo de aguardar a alguna reacción ciudadana.
Existen otros organismos que también podrían opinar, como la Comisión de Derechos Humanos (Cdheqroo), pero que en todas estas reformas ha permanecido mudo.
Yulitzín Rodriguez señaló que una manifestación surge como reacción a una ausencia de justicia o una mala acción de la autoridad, y que está diseñada para incomodar, por lo que buscar criminalizarla solo agrava las cosas. En lugar de ello, debieran enfocarse en resolver las causas de las manifestaciones.
“La protesta persistirá, porque los temas de fondo no se resuelven”, aseveró la feminista, quien dijo que además de la inacción del Cdheqroo, se tiene una Comisión de Atención a Víctimas con rezago y una Defensoría Pública sin suficiente personal.
SON SOLO UNA OFICIALÍA DE PARTES
Entrevistado por separado, Eduardo Galaviz Ibarra, presidente del Observatorio Legislativo, opinó que esta reforma errada solo muestra la falta de precisión en las iniciativas presentadas, y la falta de coadyuvancia por parte del Congreso del Estado, que siquiera debiera intentar mejorar la redacción de lo presentado.
Todos los legisladores cuentan con asesores que cobran caro y que debieran detectar errores de redacción, además que cualquier reforma debiera pasar a fuerzas por alguna comisión. Pese a todo ello, las iniciativas del Ejecutivo son aprobadas a toda velocidad, sin revisión alguna.
“Más que un Congreso, son solo una Oficialía de Partes, que timbran los documentos que le presentan”, declaró este empresario. “Por eso hemos dicho que su gaceta de debates debiera ser renombrada a ‘minuta de la reunión’, porque no debaten nada”.
Galaviz Ibarra consideró correcta la reforma, en querer sancionar a prestadores de servicios de movilidad que pretendan afectar la circulación vial, por intereses de sindicato, pero por una falla de redacción, parecía afectar también a ciudadanos en general, quienes tienen en el cierre de vialidades, la única manera de llamar la atención, como ocurre, por ejemplo, con las Madres Buscadoras.
“No hubo cuidado en la iniciativa, porque hasta en el manejo de la coma hay que tener cuidado, pero el Congreso ni siquiera es una ayuda al ejecutivo al detectar estas cosas”, opinó. “Ellos debieran decir, ‘la voy a aprobar, pero aquí vimos un error, por lo que cambiaremos la redacción’”.
Para colmo, ya con la ley publicada, ellos tampoco salen a aceptar el error cometido e indicar que lo corregirán, sino que es el Ejecutivo quien debe anunciar y preparar otra iniciativa.
“Están totalmente sujetos al Ejecutivo y ni siquiera pueden salir a declarar algo o hacer algo”, concluyó.
