Cancún.- La Fiscalía General de la República ya obtuvo órdenes de aprehensión en contra de directivos de la empresa DHC Aguakan, por los presuntos delitos de lavado de dinero y promoción de conductas ilícitas, derivado de la ilegal ampliación de su concesión de agua potable, en el gobierno de Roberto Borge Angulo.
Lo anterior fue revelado por Cristina Torres Gómez, secretaria de Gobierno de Quintana Roo, en una rueda de prensa donde brindó pormenores sobre las denuncias que presentó la administración estatal en contra de esta empresa, desde mayo del año pasado, pero que fueron revelados por Aguakan a través de una nota informativa en la Comisión Nacional de Valores, la semana pasada.
La secretaria recordó que la concesión de Aguakan para brindar servicio de agua potable y alcantarillado en Benito Juárez e Isla Mujeres (lo que incluyó después a Puerto Morelos, al independizarse éste), fue ampliado en 2014 por otros 30 años, de manera ilícita, además de ser ampliado para incluir a Solidaridad.
En vista de esto, el Gobierno del Estado de Quintana Roo interpuso las denuncias respectivas ante la Fiscalía General de la República, que halló elementos suficientes para proceder en contra de directivos de la empresa.
A detalle, los directivos presuntamente incurrieron en la promoción de conductas ilícitas, toda vez que gestionaron la ampliación de su concesión ante el Gobierno del Estado, instancia que no tiene facultades para ello, ya que este tema es competencia de los ayuntamientos y del Congreso del Estado.
Hay que añadir que, de acuerdo a la información brindada por Aguakan a la Comisón Nacional de Valores, también se les acusa de lavado de dinero, toda vez que obtuvieron un beneficio a sabiendas que provenía de una actividad ilícita.
“Ellos continuaron con este proceso lo que terminó en ganancias millonarias en favor de la empresa, sin mejora del servicio hacia los ciudadanos”, declaró Cristina Torres.
Aunado a esto, la funcionaria estatal indicó que distintas instancias y expertos realizaron diversos muestreos de agua surtida por esta concesionaria, hallando que excedía los límites aceptables de salud. También las aguas residuales tenían contaminación por arriba de lo permitido en la Norma Oficial Mexicana.
REUNIÓN CON AGUAKAN
Por otro lado, Cristina Torres negó que la realización de una reunión entre funcionarios del Gobierno del Estado y Aguakan fuera un intento de hostigamiento o de extorsión, al indicar que ellos acudieron a ese encuentro, por petición de la empresa, por el riesgo que, alegaron, existía para inversionistas de afores.
En dicha reunión, indicó, no se habló de posibles pagos, sino solo de las inversiones de Afores y de los derechos laborales de su planilla. Los directivos de esta empresa ofrecieron la venta de Aguakan, pero los funcionarios se negaron.
