Cancún.- Un grupo de cerca de 60 taxistas del sindicato “Andrés Quintana Roo” se manifestaron de manera pacífica en sus vehículos afuera de los Juzgados Orales Penales ubicados en la avenida Nichupté, para exigir la liberación de su ex líder interino, Salomón Alfonso Muñoez, alias “Maffer”, encarcelado hace nueve meses, acusado de homicidio.
La protesta pacífica inició a eso de las 11:30 horas, poco antes del inicio de una audiencia para revisar el caso de este detenido.
Los taxis, a los que les escribieron “Liberen a Maffer” en sus cristales, fueron estacionados alrededor de estos tribunales, lo que generó un fuerte caos vial en la zona. Varios extendieron lonas o cartulinas con mensajes en favor de este taxista.
Yessenia Hernández, esposa del detenido, aseguró que no existen pruebas en contra de su marido, razón por la que la Fiscalía General del Estado ha de forma reiterada diferido las audiencias.
“Es injusto tener a alguien detenido sin prueba alguna”, afirmó. “Él jamás ha participado en ese homicidio.”












La salud de Salomón Alfonso Muñoz se ha deteriorado de forma grave en estos nueve meses de encierro, pues padece de diabetes y problemas renales, señaló su esposa, quien advirtió que él no recibe la atención médica necesaria en la cárcel y ahora apenas tiene fuerzas para mantenerse en pie.
Para colmo, en el Centro de Readaptación Social (Cereso) mantienen a “Maffer” detenido bajo el nombre Salomón Alfonso “Núñez”, cuando su apellido es Muñoz.
Los inconformes esperan que la audiencia acabe con la liberación del acusado.
“Maffer” fue detenido el 4 de noviembre de 2024, acusado del homicidio intelectual de José Luis Corral Morales, asesor político de Rubén Carrillo, dirigente del Sindicato de Taxistas.
El homicidio ocurrió una semana después que Carrillo solicitara licencia para separarse de su cargo, presionado por manifestaciones de parte de taxistas, para que se enfocara solo en sus labores como diputado local.
Después de su detención, y de la de Óscar Antonio Solís, comisionado del sindicato, la Fiscalía General del Estado cateó las oficinas del sindicato, en donde hallaron drogas, municipios y un “cuarto de tortura”, en donde se cree que tres personas fueron asesinadas.