La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) revocó un decreto del Congreso del Estado de Quintana Roo, por el que crearon el “Parlamento para la Inclusión de las Personas con Discapacidad”, toda vez que fue realizado sin consultar a esta población vulnerable, que resulta afectada con esta legislación.
Lo anterior lo determinó el pleno al resolver la Acción de Inconstitucional 60/2022, interpuesta por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) en contra de una reforma a la Ley para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad del Estado de Quintana Roo, realizada en marzo de 2022, y resuelta un año después, pero publicada hasta hoy en el Diario Oficial de la Federación (DOF).
El fallo en cuestión puede consultarse en el DOF en el siguiente enlace: DOF – Diario Oficial de la Federación
La CNDH interpuso la Acción de Inconstitucional, toda vez que se legisló en torno a las personas con discapacidad, sin que la XVII Legislatura del Congreso del Estado hubiera antes efectuado alguna consulta con el sector, lo que fue corroborado por los ministros de la Suprema Corte.
“Es absolutamente reprochable que, a pesar de la fuerza del instrumento convencional, el Poder Legislativo de Quintana Roo haya omitido las obligaciones adquiridas por el Estado Mexicano, obligaciones mínimas de solidaridad hacia sus propios habitantes con discapacidad”, escribió al respecto la ministra Ana Margarita Ríos Farjat, en la aclaración de su voto, al recordar que existe una convención firmada en la que los estados (incluido Quintana Roo) se comprometen a celebrar consultas estrechas, para la elaboración y aplicación de la legislación local.
Con plazo de un año
El decreto en cuestión quedó revocado por fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, aunque se le brinda a Quintana Roo un periodo de 12 meses antes de que sea invalidado, para brindarle tiempo suficiente al congreso local para efectuar la requerida consulta y emitir una nueva reforma.
Esto, pues los magistrados consideraron que desaparecer este “Parlamento para la Inclusión de las Personas con Discapacidad” pudiera ser perjudicial para esta población, pese a haberse creado sin su participación.
La iniciativa, cabe destacar, fue ingresada por el ahora ex diputado Julio Montenegro Aguilar, y aprobada en comisiones y en el pleno, sin que se planteara la necesidad de someterlo a consulta, como exige la convencionalidad y constitucionalidad vigente.
Hasta la fecha, el decreto no ha sido reemplazado.
