Cancún.- Un tribunal colegiado confirmó la suspensión definitiva impuesta por una jueza federal en contra del Plan de Desarrollo Urbano de 2022 de Benito Juárez, lo que significa que este gobierno municipal que actualmente encabeza Ana Paty Peralta queda impedido de expedir cualquier permiso de construcción o cambio de uso de suelo con base en ese documento.
Así lo declaró Mónica Huerta, integrante del equipo legal de la asociación civil “Defendiendo el Derecho a un Medio Ambiente Sano” (DMAS), mismo que mantiene varios litigios en contra del último PDU, por presuntamente haber sido aprobado de forma espuria, sin el proceso correcto de participación ciudadana, y por incluir cambios que causarían daños ecológicos.
El PDU 2022 fue aprobado de forma “exprés” por la entonces administración de Mara Lezama Espinosa como presidenta municipal, con un buzón de consulta instalado en el palacio municipal por solo unos días.
En entrevista, la abogada explicó que de los varios juicios entablados en contra de este PDU, tres se fueron a recurso de revisión por parte de ellos, al haberles sido negado el amparo, pero en otro recurso, sí obtuvieron una suspensión definitiva, en octubre de 2022, otorgada por una jueza, para prevenir posibles daños, en tanto se resolvía el juicio de fondo.
El Ayuntamiento de Benito Juárez se inconformó contra este fallo e ingresó un recurso de revisión, con clave 53/2023, en el que alegaban que la jueza se había extralimitado en sus funciones, que no existía una urgencia o afectación real que ameritaba una suspensión, que los actos reclamados eran meramente administrativos, y que la aprobación del PDU era un hecho consumado.
“El tribunal descartó todos sus argumentos”, comentó la activista. “La jueza de distrito actuó dentro de sus atribuciones para evitar daños y posibles actos ilegales, en especial porque están involucrados varios derechos colectivos, no solo el derecho a un medio ambiente sano, sino también la participación ciudadana”.
El tribunal, explicó ella, consideró que sí existe un riesgo, porque de no brindarse una suspensión, podrían generarse actos con daños irreversibles al entorno natural. Además, no son actos administrativos, sino decisiones con efectos reales.
Con esta resolución, queda intacta la suspensión definitiva otorgada por la jueza federal, por la que se le impide al municipio expedir cualquier documento con base en el PDU 2022, sean licencias de construcción, cambios de uso de suelo, ampliaciones u otros, para evitar afectaciones a humedales, manglares, cenotes o el sistema cárstico.
El ayuntamiento deberá, por lo tanto, basarse en las limitantes del anterior PDU, que data de 2018, aseguró Mónica Huerta.
“Cualquier edificación que se haga en manglares o suelo cárstico será ilegal, pues la autoridad ya sabe que el PDU está suspendido”, añadió.
Esta suspensión se mantendrá vigente hasta en tanto no se tenga una resolución al juicio principal, que el 12 de diciembre llegó al tribunal colegiado.
“Esperamos que sí lo resuelvan este año”, añadió.
