Tulum, 14 de agosto de 2026.- La proliferación de las rentas vacacionales y sus consecuencias, como la especulación inmobiliaria, la presión sobre los servicios públicos y los riesgos de operar en zonas no aptas para turistas, suponen un problema serio no solo para el sector hotelero, sino para el destino en su conjunto, advirtió David Ortiz Mena, presidente del Consejo Hotelero del Caribe Mexicano.
En entrevista, el empresario señaló que, en Tulum, las rentas vacacionales activas representan alrededor del 19% de toda la oferta disponible en el estado, pese a que el municipio concentra apenas el 8.5% de las habitaciones hoteleras de Quintana Roo. Es decir, su participación en la renta vacacional estatal es más del doble de su peso en la oferta hotelera.
En números, son 4 mil 295 propiedades activas, una cantidad desproporcionada si se toma en cuenta que Cancún registra 6 mil 273, aun cuando cuenta con casi cuatro veces más cuartos hoteleros.
El 95% de esta oferta corresponde a propiedades completas y no a habitaciones dentro de una vivienda, muchas de ellas ubicadas, según señaló, en zonas que carecen de infraestructura o condiciones adecuadas para recibir turistas.
“Muchas de estas rentas vacacionales se ofertan en zonas de invasión”, declaró David Ortiz Mena, quien también es presidente de la Asociación de Hoteles de Tulum. “¿Qué experiencia puede llevarse un visitante que ingrese ahí? Cualquier impacto negativo no se reflejará solamente en el dueño de ese lugar, sino en todo el destino”.
Quienes se hospedan en estos lugares también requieren agua, drenaje, electricidad, recolección de basura y seguridad, lo que representa una presión creciente sobre los servicios y las autoridades, que ya enfrentan dificultades para garantizar atención de calidad a locales y visitantes, añadió.
Aunque la legislación municipal obliga a anfitriones e intermediarios de plataformas a retener el Derecho de Saneamiento Ambiental, Ortiz Mena advirtió que el reto es garantizar que toda esta oferta lo cobre y lo entere efectivamente. Estos recursos se destinan a acciones de saneamiento y atención ambiental de las que también se benefician quienes optan por una renta vacacional.
La expectativa de obtener una ganancia asegurada a través de este modelo impulsó la construcción acelerada de edificios, muchos de los cuales hoy permanecen inconclusos y pueden convertirse en focos de inseguridad.
“No estamos atendiendo este problema con la urgencia que se requiere”, explicó el líder hotelero. “Estamos muy retrasados frente a la normativa que ya se aplica en otros destinos. En Madrid, como en el resto de España, todas las personas que se hospedan en uno de estos departamentos deben proporcionar sus datos de identificación. Aquí no existe un control equivalente, pese a que enfrentamos una problemática particularmente grave de trata de personas y explotación sexual de menores. Los hoteles sí tenemos protocolos para prevenir estos delitos”.
También mencionó como referencia a París, donde una vivienda principal solo puede destinarse a renta turística hasta 90 días al año, mientras que las propiedades adicionales requieren autorizaciones de cambio de uso y condiciones mucho más estrictas.
David Ortiz Mena aclaró que no aboga por que únicamente existan hoteles. Esta problemática apunta a la necesidad de regular mejor y de forma más efectiva las rentas vacacionales, para cuidar la imagen del destino y la importante derrama económica que deja esta actividad.
