Playa del Carmen.- La Secretaría de Desarrollo Territorial Urbano Sustentable (Sedetus) del Gobierno del Estado pretende actuar como “juez y parte”, al tomar un rol de coadyuvante en la regularización de la colonia Colosio, pero sin soltar los contratos y dobles ventas de la fraudulenta Derimaya, hoy rebautizada como “Desarrolladora del Bienestar”.
Así lo denunció Sonia López Cardiel, integrante de la mesa directiva de los vecinos de la Colonia Colosio, quien explicó que en días pasados sostuvieron una reunión en la Ciudad de México con el Víctor Guzmán Dagnino, director del Instituto Nacional del Suelo Sustentable (Insus), ante quien expusieron esta problemática.
En respuesta, el funcionario federal se comprometió a visitar Playa del Carmen en la tercera semana de este mes, para revisar la situación. Esto, previo a una nueva entrega de títulos que está prevista para marzo.
En entrevista, la fundadora de esta colonia señaló que, en este encuentro, le presentaron los lotes pendientes por ser titulados, divididos en cinco grupos, de acuerdo a la problemática encontrada, los que incluyen casos de controversia, e incluso denuncia, por culpa de Derimaya, que vendió los mismos lotes a varias personas.
La Desarrolladora de la Riviera Maya (Derimaya), cabe recordar, es una paraestatal creada por el Gobierno del Estado, después de la invasión de la Colosio, para representar los intereses de la familia Castelazo, que aseguraba ser los dueños de este polígono. Por décadas, la empresa cobró a quienes ocuparon estos lotes, sin tener certeza sobre la tierra y, por ende, sin tener la capacidad de titular. La Sedetus, quien es socio mayoritario de esta empresa, la renombró como “Desarrolladora del Bienestar”, manteniendo a través de ella los contratos efectuados con los colonos, además de la propiedad de los terrenos que Derimaya se quedó para sí o adquirió.
Sonia López Cardiel comentó que hay un grupo de colonos quienes ya pagaron la totalidad de lo que les había cobrado Derimaya, pero ahora Insus les quería volver a cobrar para su titulación, sin que Sedetus quiera hacer la gestión para liberarlos de los contratos.
Otro grupo es al que les quieren cobrar altos montos para su titulación, de hasta un millón de pesos, como es el caso de un hombre de 82 años de edad.
Hay muchos colonos fundadores que ingresaron al Programa para Regularizar Asentamientos Humanos (PRAH), por ser vulnerables, para ser exentos u obtener descuentos en su titulación. Sin embargo, también han aparecido distintos inversionistas o gente que asegura tener documentos de propiedad, algunos de más de 30 años, quienes también quieren obtener un título.
“Se repite la historia, pero ahora en lugar de ser una familia, son muchas personas quienes se enteran que están titulando y aparecen con supuestos documentos”, comentó la también ex diputada local.
Los vecinos inconformes han realizado manifestaciones y sostenido reuniones con autoridades del Insus, en Quintana Roo y en Ciudad de México, sin que este tema pueda ser destrabado. Ellos acusan la intromisión de Sedetus, quien no tiene competencia en este tema, pero que se hay inmiscuido como “coadyuvante”.
“En este segundo encuentro que tenemos con Víctor Guzmán hemos visto una muy buena disposición para ayudarnos”, añadió.
