Cancún.- Un juez federal confirmó una anterior sentencia en favor de los habitantes del fraccionamiento Urbi Villas del Rey de esta ciudad, y ordena a la desarrolladora a construir un cárcamo, para frenar la contaminación en esta zona. En caso de no hacerlo, tocará al Gobierno del Estado cobrar la fianza que dejó esta empresa y emprender esta obra.
Así fue dado a conocer este día en rueda de prensa por el presidente de la asociación de vecinos, Víctor Hugo Guizasola, y activistas de la asociación civil Defendiendo el Derecho a un Medio Ambiente Sano (DMAS), en donde se detalló que esta empresa (CYD Desarrollos Urbanos, presuntamente en quiebra) tiene tres días para contestar. De no hacerlo, la obra deberá ser realizada por la Secretaría de Desarrollo Territorial Urbano Sustentable (Sedetus) del Gobierno del Estado, a través de la fianza de 12.7 millones de pesos, que por años se ha negado a cobrar, pese al estado inconcluso de este desarrollo.
Mónica Huerta Solís, integrante del área jurídica de DMAS, señaló que este fallo sienta un precedente, al confirmar la responsabilidad de las autoridades de gobierno para verificar y solucionar situaciones en que fraccionamientos no entregan vivienda digna. La activista estimó que hay cerca de 150 desarrollos inmobiliarios en situaciones similares, quienes también pudieran obligar a obras a través del amparo.
Durante cuatro años, vecinos de Urbi Villas del Rey recabaron evidencias del desbordamiento de las aguas negras en el colapsado cárcamo del lugar, en sus calles y en sus casas, además de documentar las enfermedades que han contraído y mostrar fotos de cómo sus niños viven en esta contaminación.
Víctor Hugo Guizasola recordó que, previo al ingreso de su amparo, en 2023, habitantes realizaron gestiones ante autoridades de los tres niveles de gobierno y únicamente recibieron excusas, pues todos, tanto el Ayuntamiento de Benito Juárez, como CAPA, el Gobierno del Estado e Infonavit, se deslindaban de su responsabilidad, y señalaban que era un tema de la empresa desarrolladora.
Esto, pese a múltiples anomalías, como el que el ayuntamiento autorizara un cárcamo para un proyecto de 50 viviendas, que después creció a 4 mil 500 casas, a lo que se suma la entrega por parte de CAPA de un certificado de no adeudo a esta empresa, que debía 10 milllones de pesos a Aguakan, y a que no se canjeara la fianza de 12.7 millones depositada por la desarrolladora.
Mónica Huerta indicó que, en 2024, ganaron el recurso de amparo interpuesto por la violación al derecho a una vivienda digna. La empresa, que no había sido localizable durante todo este proceso, apareció previo a la ejecutoria de sentencia, para interponer un recurso de revisión.
El fallo fue confirmado, después de dos años, por el Tercer Tribunal Colegiado, que ordenó la ejecutoria inmediata, en favor de las más de cuatro mil familias afectadas.
Entre las medidas, el municipio debe reconocer que hubo un incumplimiento por parte del desarrollador; la Sedetus debe informar a la desarrolladora de su obligación de concluir con el cárcamo. Si la empresa, en un plazo de tres días, se niega a hacerlo, entonces la instancia estatal deberá cobrar la fianza, para construir el cárcamo en un plazo máximo de seis meses.
El fallo, alegó, “sienta un precedente muy importante, ya que abre la puerta a que ciudadanos le respeten su derecho a una vivienda digna, a tener servicios básicos y una ciudad planificada”, comentó.
De forma significativa, el juez determinó que Infonavit también debió intervenir en este caso, pues aunque alegaron ser solo una instancia bancaria, les tocaba establecer normas para que las viviendas cumplieran con un estándar mínimo.
“No venimos a denunciar, ya tenemos confirmación de un juzgado. Aguakan ya determinó que el cárcamo no sirve, que el subsuelo se contamina”, alegó. “Si la justicia ya habló, ahora toca a las autoridades a actuar. Así como ellos nos exhortan a cuidar el agua, ahora les pedimos que hagan su trabajo y que vigilen cuando las desarrolladoras entreguen sus obras y que apliquen las fianzas cuando hay obras pendientes”.
Ayer lunes, Sedetus ya cumplió con la sentencia y notificó a la desarrolladora, indicaron.
DMAS acusó que esta situación es recurrente en Cancún y en Quintana Roo, debido a la simulación y corrupción por parte de las autoridades, que no verifican o se “hacen de la vista gorda” cuando desarrolladoras no cumplen con sus instalaciones de servicios básicos.
