Cancún.- El Ayuntamiento de Tulum, que preside Diego Castañón Trejo, facilitó un ecocidio en la bahía Solimán de ese municipio, al expedir una espuria licencia de construcción para un proyecto condominal en una zona costera, sin que el desarrollador contara con un permiso ambiental del gobierno federal.
Esto fue denunciado por la asociación civil Defendiendo el Derecho a un Medio Ambiente Sano (DMAS), que logró obtener una suspensión judicial en contra de este proyecto, llamado “Avamar”, a través de varios recursos de amparo federales, por las omisiones e irregularidades cometidas en este caso.
Antonella Vázquez Cavedón, directora de DMAS, consideró inaceptable que esta administración municipal esté “inventando la ley”, al haber otorgado una licencia de construcción “condicionada” a que el desarrollador consiga la aprobación de su Manifestación de Impacto Ambiental, algo totalmente fuera de la legalidad.
“No existen las licencias condicionadas. No puede ser que a la hora de realizar un trámite, te digan ‘luego me la entregas’ a una exigencia legal”, reclamó esta activista. “¿Se imaginan tramitar una licencia de conducir y que te digan ‘luego me la pagas’ o ‘luego me demuestras que sabes conducir’?”
La desarrolladora de Avamar utilizó este permiso ilegal para justificar el ecocidio que ha realizado en esta zona costera, sin realizar estudios de impacto ambiental y sin que la autoridad competente, la Semarnat, pudiera revisar este proyecto.
A raíz de una denuncia, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) acudió al lugar y constató que había una afectación grave al ecosistema, por lo que procedía la restauración del entorno natural. Sin embargo, hasta la fecha no ha exigido el cumplimiento de esto. Incluso, está abierto a que la empresa pueda corregir esta situación al ingresar una Manifestación de Impacto Ambiental para tramitar su permiso, ya con el ecocidio cometido.
El Ayuntamiento de Tulum ha intentado ocultar su irregular proceder, pues desde julio del año pasado se ha negado a turnar al juez del caso el expediente con el trámite de esta licencia. Incluso, en los documentos presentados por la empresa, hay dos licencias, una de diciembre y otra de febrero del año pasado, lo que apunta a más irregularidades en este proceso.
El mes próximo, se realizará una audiencia ante el juez, en la que se evaluará si esta licencia otorgada por el gobierno de Diego Castañón es irregular, en la que DMAS espera que sea revocada. En esa fecha, el municipio no tendrá otra opción más que transparentar el proceso por el que se otorgó este documento, sin una MIA federal.
Una victoria obtenida por los activistas, sin embargo, fue la determinación de la juez del caso de ordenar al Registro Público de la Propiedad y Comercio que ponga una anotación en el folio de este predio, en el que se informe del litigio y la suspensión judicial otorgada.
Con esto, se evita que alguien compre una vivienda de buena fe en este proyecto, que ya es promovido comercialmente por la empresa “The Partner Group”, junto con otro condominio también en la bahía Solimán y que se presume también fue construido de forma irregular.
Esta medida judicial, consideró Antonella Vázquez, sirve para evitar que el problema crezca; sin embargo, lo que ellos buscan es la demolición de esta construcción, pues solo así se evita el “mejor pedir perdón a pedir permiso”, tan común en Quintana Roo.
Como no puede evitarse que surjan “de manera exprés” obras ecocidas en el estado, toca comenzar a demolerlas, para que otros dejen de imitar esta forma de proceder.
La directora de DMAS señaló que en este caso todas las autoridades, sin excepción han sido omisas: El ayuntamiento otorgó una licencia ilegal; el Gobierno del Estado justificó que el proyecto no cuente con constancia de compatibilidad; la Profepa se niega a obligar a la restauración del medio ambiente; y la Fiscalía General del Estado, aunque cuenta con una denuncia penal, no está capacitada para proceder.
