Cancún, 29 de noviembre de 2025. – El Consejo Hotelero del Caribe Mexicano manifiesta su
profunda preocupación ante la iniciativa del Gobierno del Estado de Quintana Roo para incrementar 25% el pago del derecho VISITAX y obligar a hoteles y prestadores de servicios turísticos a fungir como retenedores y responsables solidarios del cobro.
A través de un comunicado, el Consejo señala que “Lejos de fortalecer la recaudación, la medida compromete la competitividad de la entidad, vulnera la certidumbre jurídica de hoteles, prestadores de servicios turísticos —convertidos indebidamente en retenedores—, así como de inversionistas, proveedores, visitantes y trabajadores, y amenaza al principal motor económico de Quintana Roo”.
La iniciativa contradice los principios del “Plan México”, cuyo eje rector es mejorar la percepción
internacional sobre nuestro país, disminuir cargas al visitante y fortalecer la confianza para detonar el turismo como palanca estratégica de desarrollo. En lugar de abonar a este compromiso, el nuevo esquema encarece injustificadamente la visita, deteriora la experiencia del viajero y erosiona los incentivos para invertir en destinos nacionales.
Por razones operativas y contractuales, los hoteles no pueden trasladar este nuevo cargo a tarifas ya negociadas internacionalmente, con meses de anticipación. Adicionalmente, dispersar la cobranza del VISITAX en miles de prestadores multiplica directamente la percepción del destino.
En destinos como Chetumal o Bacalar, el cobro del VISITAX a una pareja de personas, puede equivaler a casi una noche completa de hospedaje.
Esto afecta de forma desproporcionada a los hoteles accesibles y a negocios familiares, poniendo en riesgo el futuro del modelo multidestino que distingue al Caribe Mexicano.
Además, la propuesta viola principios constitucionales de legalidad, proporcionalidad y equidad. La jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación establece que la responsabilidad solidaria requiere una vinculación directa con el hecho imponible.
Pretender que los hoteles recauden un impuesto por el uso de infraestructura pública, un hecho que es ajeno al servicio de hospedaje, es una delegación indebida de atribuciones del Estado y, por ende, inconstitucional.
Insistir en esta propuesta es una mala idea que vulnera la certeza jurídica y económica del principal motor turístico del país.
El Consejo Hotelero del Caribe Mexicano reitera su compromiso con el desarrollo de Quintana Roo, pero no a costa de la viabilidad del sector.
“Hacemos un llamado urgente a las autoridades a reconsiderar esta iniciativa que erosiona la base
económica fundacional del turismo de nuestro estado sin fortalecer, de ninguna manera, las finanzas públicas, o promover el turismo como lo instruye el Plan México”, finalizan.
