Cancún.- Si bien es una realidad que el sistema de transporte actual es deficiente y que ninguna autoridad municipal lo ha podido o querido solucionar, es importante evaluar la suficiencia presupuestal del nuevo sistema propuesto por el Gobierno del Estado, además de ver cuánto es el alza tarifaria que pretenden imponer en los ciudadanos.
Así lo señaló Eduardo Galaviz Ibarra, presidente del Observatorio Legislativo, quien indicó que el sistema de transporte que fue implementado en Mérida, que se cree es similar al que será propuesto para Quintana Roo, viene con un subsidio que tiene un alto costo para el gobierno.
En lo que va del año, el gobierno de Yucatán ha erogado más de mil millones de pesos en subsidiar su sistema de “Va y ven”, lo que supera los 800 millones que tenían presupuestados para 2025.
“Toca revisar que el proyecto que tiene el Gobierno del Estado no afecte a la economía de las personas”, explicó Galaviz Ibarra. “En Mérida, hay una aportación gubernamental fuerte y hay que ver si se tiene esa suficiencia presupuestal. No es un tema que se toma a la ligera”.
El empresario también advirtió que falta ver el tamaño del alza tarifaria que quieren justificar con la encuesta realizada por el Instituto de Movilidad y que tiene dudosa validez.
“Que esa encuesta no sea usada para validar un incremento de 12 pesos a 20 pesos”, criticó.
El presidente del Observatorio Legislativo opinó, no obstante, que las deficiencias de las concesiones actuales sí pueden servir de base para que el transporte de ruta sea entregado al Gobierno del Estado, aunque esto deberá seguir un complicado proceso legal, con probables amparos por parte de estos concesionarios.
En el caso de Benito Juárez, al menos, los distintos gobiernos municipales les han dado “manga ancha” a las empresas de transporte, quienes circulan con vehículos deficientes, pero para justificar alzas tarifarias meten unidades de muestra, más modernas, que después retiran.
“Es un juego perverso entre autoridades y concesionarios”, comentó.
Es una realidad que las concesiones municipales no han cubierto las necesidades de los usuarios, indicó Galaviz, aunque al mismo tiempo, la entrega de este rubro al Gobierno del Estado parece enmarcarse en una tendencia por parte de la administración actual de querer “jalar” todas las atribucviones de los municipios, por un tema de control
“Es un nuevo modelo de gobernabilidad que quieren imponer”, comentó.
