Playa del Carmen.- Una de las principales peticiones que han realizado los vecinos de la colonia Luis Donaldo Colosio de esta ciudad es que el Gobierno del Estado se mantenga ajeno a este proceso, exhorto que repiten, luego de las declaraciones realizadas por Cristina Torres Gómez, secretaria de Gobierno estatal.
La funcionaria estatal justificó en días pasados los elevados cobros que efectúa el Instituto Nacional de Suelo Sustentable (Insus), al indicar que hay una división entre predios residenciales, comerciales y “turísticos”, estos últimos en la avenida 5, 10 y 30, de gran plusvalía.
Aunque indicó que este proceso depende del Gobienro Federal, Torres Gómez opinó que es correcto que estas personas se titulen, pero “con justicia”, además de revelar que en septiembre se espera la entrega de 300 títulos.
En respuesta, Sonia López Cardiel, fundadora de la Colosio, dijo concordar con Cristina Torres en que este es un proceso federal y que ellos han solicitado que así permanezca, para evitar la corrupción que han padecido desde hace décadas por culpa de la Desarrolladora de la Riviera Maya (Derimaya).
“Yo, como muchos otros, fue víctima de fraude por parte de Derimaya, empresa que ya fue asegurada por una fraude superior a los 200 millones de pesos”, comentó. “Esta empresa fue un botín político por muchos años, y muchos presidentes municipales han salido de ahí. No queremos que se involucre ninguna autoridad local, incluida Cristina Torres, que fue gerente de Derimaya”.
Aunque las mesas de trabajo que han realizado son con el Insus, hay intromisión estatal, pues presentan sus oficinas, y acude gente de Sedetus para “apoyar”, aunque terminan defendiendo las mismas posturas que antes mantuviera Derimaya.
“La presidenta Claudia Sheinbaum ya recibió la petición de los colonos y sabe de nuestro pedido para que no se entrometan”, comentó.
La también ex diputada local aclaró que es falso que exista una categoría “turística” contemplada en el decreto de regularización de Andrés Manuel López Obrador, y recordó que ese documento fue un acto de “justicia social” después de más de 30 años de corrupción.
“No pueden seguir lucrando con estos terrenos, alegando que hay plusvalía; eso no debiera importarle al Gobierno de Quintana Roo, porque ese valor se lo dieron los vecinos quienes hicieron todo, desde las calles hasta los servicios, sin apoyo de gobierno”, declaró. “Si quieren evaluar, que evalúen a como estaba hace 30 años, cuando entramos”.
En cuanto si hay inversionistas o extranjeros que han comprado en la zona es un tema ajeno a los colonos, quienes únicamente abogan por ellos mismos.
“Los primeros mil 600 títulos que entregaron salieron sin avalúos, porque los sacó directamente el Insus, de acuerdo al decreto. Cuando se mete el gobierno local es cuando inicia la corrupción, y no lo vamos a permitir”, concluyó.
